Gobierno británico promulga una ley contra “la esclavitud moderna”

El Gobierno del Reino unido promulgó hoy una ley para combatir “la esclavitud moderna” que establece penas de cadena perpetua por la reclusión y el tráfico de personas, en la que se considera primera legislación de este tipo en Europa.
Al presentar el texto, que en los próximos meses debatirá el Parlamento, la ministra del Interior, Theresa May, dijo que servirá para asegurar que los responsables “sean severamente castigados” y que “se protege a las víctimas”.
Entre otras, la legislación sube la pena máxima de prisión de 14 años a cadena perpetua para casos extremos de esclavitud, con agravantes para los reincidentes.
“Enviará la señal a los criminales de que si estás involucrado en este asqueroso comercio vas a ser detenido, procesado y encerrado. Y dirá a las víctimas, no están solas, estamos aquí para ayudarlas”, declaró la ministra.
La ley, prosiguió, refleja la voluntad del Ejecutivo de Londres de “liderar la lucha mundial contra la esclavitud” en el siglo XXI y busca “desbaratar, procesar y castigar a las bandas criminales que suelen estar detrás de la mayor parte del comercio de personas”.
“La esclavitud moderna es un crimen horroroso que no tiene cabida en la sociedad de hoy en día. Es una afrenta contra la dignidad y la humanidad no sólo de la gente aplastada por ella, sino de todos nosotros”, manifestó la ministra.
May señaló que se coordinará a todas las agencias de prevención del crimen y aplicación de la ley para que atajen conjuntamente el problema al tiempo que se involucrará al sector empresarial para impedir el empleo de personas en régimen de esclavitud.
También se trabajará con otros países para abordar el problema “desde el origen”, en caso de bandas organizadas que operan en el extranjero, dijo la política conservadora.
La legislación promulgada hoy recoge delitos hasta ahora repartidos en otras leyes, como la del crimen organizado, a fin de unificarlos y facilitar la tarea a la Policía y al sistema judicial, y crea la figura del Comisionado contra la esclavitud, que defenderá los intereses de las víctimas.
Además de las penas de prisión, prevé la confiscación de activos, la indemnización de las víctimas por parte de los autores y la emisión de órdenes de prevención de la esclavitud y el tráfico a individuos sospechosos que pueden suponer un riesgo.
De cara a proteger a las víctimas, se les eximirá cuando han sido forzadas a cometer delitos y se les ofrecerá mayor protección como testigos, mientras que los menores contarán con representantes especiales.
La nueva ley fue impulsada tras revelarse en el Reino Unido en los últimos años varios casos notorios de esclavitud, entre ellos de personas recluidas y obligadas a trabajar durante décadas como sirvientes sin acceso al mundo exterior.

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