Nueva ley incorpora formas de mediación para resolver límites internos

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La Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos recientemente aprobada por la Asamblea Nacional establece dos mecanismos para superar los problemas de fronteras entre parroquias, cantones o provincias. Esa norma está ahora en manos del Ejecutivo, que debe vetarla o ratificarla.
La propuesta divide la solución de conflictos entre “amistosos” e “institucionales”. Para el primer caso las partes en litigio pueden llegar a una negociación directa o solicitar mutuamente una mediación que emitirá un laudo para poner fin a la disyuntiva.
Para el segundo, si no hay acuerdos, se pone en escena el arbitraje, la consulta popular (similar a lo ocurrido con el cantón La Concordia) o una resolución emitida por el Comité Nacional de Límites Internos, un organismo que se crea en la ley y que suplirá a la actual Comisión de Límites Internos de la República (Celir).
El cuerpo legal tiene 27 artículos, cuatro disposiciones generales y once transitorias. Además, deroga el decreto supremo de febrero de 1977 que crea la Celir y su reglamento de funcionamiento.
Según esta última institución, en el país existe un 24% de límites provinciales y un 50% de fronteras cantonales no definidos. En la actualidad hay conflictos entre Esmeraldas, Imbabura y Pichincha por Las Golondrinas; mientras que Manabí, Los Ríos y Guayas pugnan por La Manga del Cura, entre otros.
Para el asambleísta y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos (que elaboró el proyecto), Virgilio Hernández, la nueva norma tiene como objetivo terminar estos conflictos para consolidar la unidad nacional. Con los citados mecanismos se pretende superar los problemas internos, que a su vez generan desatención a las poblaciones porque los gobiernos locales no tienen clara la pertenencia a un determinado territorio, explicó el parlamentario oficialista. Y añadió que los problemas limítrofes ocasionan una cobertura desorganizada porque dos o más gobiernos seccionales pugnan por hacerlo.
“La ley establece la negociación directa y la mediación, es decir las autoridades de dos cantones o provincias se ponen de acuerdo para solucionar un conflicto de manera directa”, explicó.
Mientras que el arbitraje se aplica cuando ambos no se ponen de acuerdo, entonces el árbitro emite una resolución obligatoria para las partes, sostuvo Hernández.
Sobre la creación del comité nacional, el asambleísta manifiesta que tendrá mayor facultad para resolver estos conflictos, pues interviene cuando no ha habido capacidad de los gobiernos locales para buscar una solución. “Los conflictos se han dado porque la Celir intentaba poner límites que no eran aceptados, pero ahora establecemos mecanismos que permiten la solución definitiva”, agregó.
Pero el alcalde de Balao (Guayas), Luis Castro, cuyo cantón mantiene un problema pendiente con Cuenca, aún no ha tenido acceso a la norma. “No la conozco en su contenido, pero sabemos que existe la mediación que nos podría ayudar a resolver los problemas que tenemos”, comentó el burgomaestre.
Castro explicó que Azuay reclama las localidades de Abdón Calderón, San José del Recreo, Hermano Miguel, como parte de la parroquia Molleturo. También está el conflicto en el que Camilo Ponce Enríquez exige los territorios de los recintos Adelina, Florida, Río Balao y La Unión.
“Hemos tenido diálogos en la Procuraduría General del Estado con delegados de las prefecturas de Azuay y Guayas, así como con los municipios de Cuenca y de Camilo Ponce Enríquez, pero no se ha llegado a ningún acuerdo”, rememora Castro.

La Celir en su estudio refiere que en las leyes de división territorial expedidas desde 1824 hasta 1897 (aún vigente) no se establecieron fronteras de las diversas parroquias, cantones y provincias, solo se enumeraba las jurisdicciones político-administrativas que integraban el país, en ese entonces.
Incluso, agrega, hasta 1977 en que se creó la Celir, esos límites se definían de manera general; luego de eso empezaron a establecerse los linderos de manera formal, aunque hasta la actualidad existen tramos de territorio que quedaron pendientes y que aún no han podido ser solucionados.

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