Se abre el diálogo pero sigue reclamo social en Brasil

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso ayer un plebiscito para que el pueblo decida la creación de una Asamblea Constituyente que lleve a cabo una reforma política. Sin embargo, el movimiento Pase Libre, líder de las masivas convocatorias en las calles, señaló que la lucha continuará pese a que iniciaron el diálogo con el Gobierno.

Rousseff anunció nuevas inversiones en el transporte público por casi 25.000 millones de dólares durante la reunión con los gobernadores y alcaldes de las capitales estatales para solucionar la ola de reclamos.

Propuso en total cinco pactos nacionales entre el gobierno federal y los ámbitos estatales y locales: responsabilidad fiscal, reforma política, salud, transporte y educación.

También defendió una nueva ley que clasifique la corrupción como un “crimen hediondo”, al igual que los asesinatos y violaciones y que demandan penas severas.

La representante del grupo, Mayara Longo Vivian, dijo que seguirán hasta que se tomen medidas concretas. “La lucha por la tarifa cero (en el transporte) continúa”, dijo la joven tras reunirse con Rousseff.

Ayer, dos mujeres que participaban en una de las manifestaciones fallecieron al ser atropelladas en una carretera en el municipio de Cristalina (estado de Goias, centro-oeste), elevando a cuatro el saldo de muertes accidentales de estos reclamos iniciados hace dos semanas, informó la policía.

La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), junto con otras organizaciones sociales se proponen recoger firmas de apoyo a un proyecto de reforma política que será presentado al Congreso para impulsar una “elección limpia” mediante la depuración de los partidos que pueden postular aspirantes y la prohibición de donaciones de empresas a candidatos.

El combate a la corrupción es otro de sus pedidos. El pasado domingo hubo una protesta en Río de Janeiro, que reunió a unas 4.000 personas para rechazar una enmienda constitucional (PEC37) discutida en el Congreso para reducir los poderes de investigación del Ministerio Público, lo que, según los manifestantes, puede favorecer la impunidad de políticos corruptos.

Los protestantes se concentraron en la playa de Copacabana y marcharon por el paseo marítimo hasta las vecinas Ipanema y Leblón, donde se unieron a un pequeño grupo que acampaba hace cuatro días frente a la residencia particular del gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral.

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